Maestría en Derecho Penal

Desde sus inicios, acorde con la filosofía consignada en el Acta Fundacional de 1 de febrero de 1950, la Universidad de Medellín ha procurado, entre otros aspectos, cumplir con su función social y de orientación de la vida nacional en sus diversos aspectos. Ello, a través del establecimiento de centros de investigación y de divulgación de temas científicos colombianos y, hoy por hoy, incluso de carácter internacional.

Fue así como su núcleo inicial, a saber, la Facultad de Derecho, desde sus albores, orientó sus esfuerzos a la investigación y divulgación de temas científicos aplicados a la vida nacional y encaminados a la solución de las distintas problemáticas colombianas, misión que al día de hoy se sigue cumpliendo con creces y que por cierto ha trascendido las fronteras del territorio nacional.

En este mismo orden de ideas, entre las distintas áreas del conocimiento científico que componen el amplio mundo del Derecho, la temática penal nunca fue ajena a la filosofía institucional anteriormente referida. Antes bien, el Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín ha liderado durante décadas el conocimiento científico dentro la Facultad en sí misma considerada, amén que, de paso, ha sabido ocupar un lugar de liderazgo académico en los ámbitos nacional e internacional.

Lo anterior obligó la creación de un programa de Maestría en Derecho Penal por cuyo intermedio se procura continuar con la tradición antes señalada y que  esté orientada a abordar –ya en el campo del nivel investigativo y/o de profundización aplicada que académicamente y en estricto rigor se exige en un programa de estudios de este jaez- las distintas temáticas que componen en términos generales la parcela del saber penal y que día a día son problemáticas que ocupan la atención no solamente de la vida nacional sino también del concierto internacional, sobre todo a partir de una realidad incontrastable como en efecto lo es la existencia de un mundo globalizado en el cual el conocimiento no conoce fronteras ni límites de carácter territorial, menos todavía cuando se trata de problemáticas que conciernen al campo del Derecho y, como en nuestro caso, al ámbito del Derecho penal.